La inversión en artes escénicas y música en vivo a través del tax equity se presenta, correctamente, como una de las operaciones con mayor rentabilidad fiscal disponibles en el ordenamiento español. El mecanismo es atractivo por su simplicidad aparente: el financiador aporta una cantidad (por ejemplo, 100.000 €) y obtiene, unos meses después, el derecho a deducirse 120.000 € en su Impuesto sobre Sociedades o IRPF (siempre que provenga de actividades económicas).
Se trata de una rentabilidad financiera-fiscal del 20%, materializada en un corto plazo. Sin embargo, esta rentabilidad no está exenta de riesgos. El error más común es asumir que, al no participar en el riesgo de la producción (si la obra no llena el teatro, no es problema del inversor), la operación es completamente segura.
El riesgo del financiador no es artístico o empresarial; es un riesgo fiscal diferido. El inversor no está adquiriendo una participación en una obra escénica o en un concierto; está adquiriendo un crédito fiscal generado por un tercero: el productor. La pregunta clave es: ¿Ese crédito fiscal es real, sólido y defendible ante la Agencia Tributaria?
El origen del riesgo: la base de la deducción del productor
El derecho fiscal que el financiador adquiere (esos 120.000 €) nace del derecho del productor a deducirse el 20% de determinados costes directos (art. 36.3 LIS). Para que el financiador pueda deducirse 120.000 €, el productor debe haber generado, al menos, ese mismo importe de deducción, lo que implica poder justificar correctamente 600.000 € en gastos elegibles. Esto sin tener en cuenta las ayudas públicas que puede haber recibido y que deben de restarse de los gastos elegibles.
El riesgo se materializa si, por ejemplo cuatro años después de su inversión, la AEAT inspecciona al productor y determina que, de esos 600.000 € declarados, 200.000 € no eran “costes directos elegibles” (por ejemplo, gastos generales imputados incorrectamente, partidas de producción dudosas o costes de personal no artístico).
En ese escenario, la base de deducción del productor se reduce. Automáticamente, el crédito fiscal que usted adquirió (y que ya aplicó en su impuesto) se reduce en la misma proporción. La consecuencia es una liquidación complementaria para el financiador, que implicará devolver la deducción indebidamente practicada, más intereses de demora y, potencialmente, una sanción.
La solución: due diligence fiscal y contractual
La seguridad de esta inversión no depende del talento en el escenario, sino del rigor en la contabilidad del productor. Por ello, el papel del estructurador legal no es solo redactar un contrato, sino realizar una due diligence (diligencia debida) sobre los gastos de la producción. En este punto se genera una fricción entre los intereses del productor -maximizar los gastos elegibles ya que de este modo aumenta el crédito fiscal trasladable- y los del financiador – realizar una operación sin riesgo fiscal-.
Antes de firmar el contrato de financiación, su asesor debe verificar:
- La Auditoría de Costes: No basta con que el productor diga que ha tenido X gastos e Y subvenciones. Es vital analizar el presupuesto, entender la metodología de imputación de costes y, preferiblemente, exigir que un experto independiente audite la elegibilidad de esos gastos. El contrato debe incluir cláusulas que protejan al inversor frente a una posible minoración de la base por parte de la AEAT.
- El Cumplimiento Formal: El Productor ha de solicitar del INAEM el certificado correspondiente, que debe de aportarse junto con el contrato y una comunicación conjunta a la AEAT antes de la finalización del ejercicio fiscal (normalmente el 31 de diciembre) Si faltan, la deducción es inaplicable desde su origen.
- El Propio Contrato: El documento debe blindar al inversor. Debe establecer claramente que su aportación es finalista para la producción, que no asume riesgo alguno en la misma, y debe articular las garantías y responsabilidades del productor en caso de que el crédito fiscal cedido resulte ser defectuoso.
Invertir mediante tax equity es una excelente decisión de optimización fiscal y de apoyo a un sector estratégico como es el cultural. Pero debe abordarse con la misma seriedad que cualquier otra operación financiera. El inversor prudente no solo pregunta por la rentabilidad; pregunta por la solidez del activo fiscal que está adquiriendo.
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