El valor de una marca puede ser incalculable. Constituye el alma de una empresa, el receptáculo de su reputación y la promesa de calidad que ofrece a sus clientes. Sin embargo, en un mercado globalizado y ferozmente competitivo, los activos intangibles como las marcas se enfrentan a amenazas cada vez más sofisticadas. Una de estas prácticas, conocida en el ámbito anglosajón como trademark squatting y que podríamos denominar «ocupación de marcas», se está convirtiendo en un serio obstáculo para empresas de todos los tamaños.
Esta estrategia depredadora no es enteramente nueva. Quienes recuerden los inicios de la popularización de internet, a principios de los años 2000, evocarán el fenómeno del cybersquatting. En aquel entonces, individuos registraban nombres de dominio que correspondían a marcas notorias con la única intención de venderlos posteriormente a sus legítimos titulares a precios desorbitados. La lógica subyacente a la ocupación de marcas es sorprendentemente similar, aunque su campo de acción es el registro oficial de la propiedad industrial.
Modus operandi
El modus operandi es sencillo pero efectivo. Un tercero, que carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre un signo distintivo, se adelanta y lo registra a su nombre. A menudo, esta acción se produce cuando una empresa está planeando su expansión a un nuevo mercado, pero aún no ha protegido su marca en esa jurisdicción. El «ocupador» conoce el valor de la marca y anticipa la necesidad de la empresa de recuperarla, creando así una situación de chantaje en la que el titular original se ve forzado a negociar una «recompra» de lo que, en justicia, ya le pertenecía.
Nuestro ordenamiento jurídico, al igual que la mayoría de los sistemas de nuestro entorno, se rige por el principio registral: la protección nace del registro, no meramente del uso. Esto, que otorga una gran seguridad jurídica, puede ser aprovechado por quienes actúan con intenciones espurias. No obstante, el sistema no deja desamparado al empresario diligente. La clave para combatir esta práctica reside en un concepto fundamental del Derecho: la mala fe.
La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece en su artículo 51.1.b que se podrá declarar la nulidad de un registro de marca si este se solicitó con mala fe. La dificultad, por supuesto, estriba en probar esa intención deshonesta. Los tribunales y las oficinas de propiedad industrial, como la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), han ido perfilando los indicios que permiten acreditarla. Entre ellos se encuentran el conocimiento previo por parte del solicitante del uso de esa marca por un tercero, la ausencia de una lógica comercial que justifique el registro, o la existencia de un patrón de conducta consistente en registrar marcas ajenas para luego ofrecer su venta.
Posibilidades de defensa
Afortunadamente, los mecanismos de defensa se han agilizado. Desde enero de 2023, en España, la solicitud de nulidad de una marca por mala fe puede tramitarse directamente en vía administrativa ante la OEPM, un procedimiento más rápido y económico que la tradicional vía judicial. Esta vía permite al titular legítimo de la marca presentar pruebas que demuestren su derecho anterior y la intención torticera del registrante.
La protección marcaria, por tanto, ha dejado de ser un mero trámite administrativo para convertirse en un pilar de la estrategia empresarial. La prevención es, sin duda, la herramienta más poderosa. Una política proactiva de registro, que se anticipe a los planes de expansión y cubra las jurisdicciones de interés, es la mejor defensa. A ello debe sumarse una vigilancia constante del mercado y de los boletines oficiales de propiedad industrial para detectar solicitudes de registro sospechosas y poder oponerse a tiempo.
En conclusión, la ocupación de marcas es un riesgo real que exige atención estratégica por parte de los empresarios. No es un problema insuperable, pero ignorarlo puede acarrear costes económicos y de oportunidad muy elevados. La legislación ofrece soluciones robustas, pero estas solo son eficaces si van acompañadas de una cultura empresarial que comprenda el valor de sus activos intangibles y actúe con diligencia para protegerlos.
